El pasado 15 de agosto, Alina fue asesinada a puñaladas por su expareja en plena calle del Real Sitio de San Ildefonso. Oficialmente no constaban denuncias previas por violencia de género por parte de la víctima contra el presunto agresor. Sin embargo, según distintos medios, en la víspera no pudo denunciar las amenazas que sufrió al encontrarse cerrado el cuartel de la guardia civil de la localidad.
En los últimos años, numerosos servicios públicos han limitado drásticamente personal y horarios. Algo que, como en el caso que nos ocupa, puede costar vidas. La falta de infraestructuras de todo tipo (sanitarias, educativas, de seguridad, energéticas, digitales…) es especialmente sangrante en el medio rural y se ha agravado con la pandemia de coronavirus.
Desde ISMUR consideramos que actualmente el medio rural adolece de falta de protección adecuada para toda la población, algo que acabamos sufriendo con especial dureza las mujeres, y más aún aquellas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Por lo que reclamamos mayor seguridad en el medio rural, especialmente para las mujeres frente a la lacra de la violencia de género.
De los 30 asesinatos por violencia de género en lo que llevamos de 2020, más de la mitad, 19, han tenido lugar en municipios de menos de 50.000 habitantes, incluido el perpetrado en nuestra vecina La Granja, que tan cerca nos toca. En 8 de los 30 casos, los agresores tenían antecedentes por violencia machista, o habían sido denunciados por malos tratos.
Según el informe ‘1000 casos de víctimas mortales por violencia de género 2003-2019’ elaborado por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, en 261 de los 1.000 casos analizados de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas existe constancia de que la víctima presentó una denuncia previa. Según el mismo documento, en el intervalo de 36 a 45 años, casi la tercera parte de las víctimas había presentado denuncia, mientras que menos del 10% de las mayores de 65 lo había hecho. En cuanto a la localidad de las víctimas que habían presentado denuncia, es muy significativo constatar que el porcentaje de denuncias es notablemente más bajo en localidades de menos de 5.000 habitantes.
Según el ‘Estudio sobre la violencia de género en el medio rural de Castilla y León’ elaborado por ISMUR y la Universidad de Valladolid (UVa), para la Junta de Castilla y León, “Las zonas rurales presentan unas características propias como son la distancia física a los núcleos urbanos, menor tamaño del hábitat, mercados laborales restrictivos y sobreenvejecimiento de la población. Todas ellas son situaciones que influyen en las desigualdades de género, creando dependencias económicas, de movilidad y favoreciendo el control, la dominación y la violencia de género”.
Los asesinatos por violencia machista son la consecuencia más extrema y dolorosa de la desigualdad entre hombres y mujeres de una sociedad. Pero no son los únicos. Existen síntomas de esta violencia de género, machista y patriarcal que día a día se alimentan de las inequidades de género en materia de trabajo, en vivienda, en transporte, en educación, en sanidad, o en infraestructuras básicas como el acceso al agua, a la energía o a Internet. Así como una premeditada tergiversación de datos y conceptos por parte de algunos grupos “negacionistas” de una realidad tan cruel para muchas mujeres.
